La reciente visita oficial de Keiko Fujimori a El Salvador puso nuevamente en el centro del debate público las políticas de mano dura y el combate contra el crimen organizado que caracterizan al país centroamericano. Sin embargo, más allá de la cobertura mediática y la expectativa generada, el viaje deja balances contundentes tanto en el plano político como en el de la viabilidad técnica de las propuestas de seguridad.
Recorrido al CECOT y agenda de cooperación
Como parte central de sus actividades institucionales, la jefe de Estado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), megainstalación penitenciaria de máxima seguridad que se ha convertido en el símbolo de la estrategia de seguridad salvadoreña.
En el lugar, fue recibida por el ministro de Seguridad Pública y Justicia salvadoreño, Gustavo Villatoro, quien encabezó el recorrido explicativo sobre los modelos de gestión e infraestructura carcelaria. También formaron parte de la comitiva receptora el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino, y el director del centro penitenciario, Belarmino García.
Durante el desplazamiento, Fujimori estuvo acompañada por una delegación ministerial integrada por el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, evidenciando la intención del Ejecutivo peruano de examinar de primera mano los esquemas operativos de contención delictiva.
Las declaraciones de los protagonistas
Durante los encuentros oficiales, la presidenta Fujimori destacó la firmeza de las medidas aplicadas en El Salvador y la importancia de intercambiar experiencias en materia de inteligencia, logística penitenciaria y combate al crimen transnacional.
Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, valoró la presencia de la comitiva peruana en el marco de la cooperación bilateral. No obstante, Bukele fue tajante al abordar las comparaciones entre ambas realidades, declarando abiertamente que no es posible implementar un modelo idéntico al de su país en el Perú. El mandatario salvadoreño precisó que las dinámicas delictivas, el marco constitucional, la extensión territorial y la estructura institucional de cada nación responden a contextos radicalmente distintos.
Perú y El Salvador: realidades totalmente diferentes en el combate a la delincuencia
Las palabras de Bukele responden a brechas estructurales que impiden trasladar una fórmula única de un país a otro:
· Geografía y escala territorial: El Salvador cuenta con una superficie de apenas 21 040 km², lo que facilita un despliegue militar y policial concentrado, así como un control territorial uniforme. En contraste, el Perú supera los 1,28 millones de km², con una geografía compleja que abarca costa, sierra y selva, dificultando el control estatal en zonas de frontera y en regiones de difícil acceso.
· Naturaleza del fenómeno delictivo: El conflicto salvadoreño estuvo dominado históricamente por pandillas territoriales altamente jerarquizadas y visibilizadas (maras como la MS-13 y Barrio 18). El Perú, en cambio, enfrenta un crimen organizado diversificado, fragmentado y transnacional, vinculado al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el sicariato y la trata de personas, actividades integradas en economías ilegales complejas.
· Marco institucional y régimen jurídico: El modelo salvadoreño se apoya en un régimen de excepción prolongado que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo y suspende garantías constitucionales de forma continua. En el Perú, el sistema democrático, el contrapeso de poderes y los compromisos en tratados internacionales imponen límites legales y procesales estrictos a la actuación de las fuerzas del orden.
· Capacidad y saturación penitenciaria: Mientras que El Salvador concentró sus recursos en la construcción acelerada de megacárceles como el CECOT para aislar masivamente a los detenidos, el sistema penitenciario peruano padece un hacinamiento severo e histórico, con deficiencias presupuestales y logísticas para la contención masiva de internos.
Lo que deja la visita para el Perú
El viaje deja un saldo con claros matices para la agenda nacional:
1. Un baño de realidad institucional: La ratificación por parte de Bukele sobre la inaplicabilidad de su modelo desmonta el discurso populista que propone soluciones calcadas sin considerar las particularidades jurídicas y sociales del Perú.
2. Énfasis en infraestructura y gestión: Si bien el modelo integral no es replicable, la delegación peruana toma nota de aspectos puntuales en materia de control de penales, bloqueo de comunicaciones e infraestructura penitenciaria severa.
3. Lectura política interna: La visita reafirma la narrativa de "mano dura" ante la ciudadanía, aunque reabre discusiones sobre la efectividad real de los viajes oficiales versus la implementación de planes concretos adaptados a la realidad del país.
