El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, con 109 votos a favor, un dictamen que deja sin efecto la ley que creaba el Colegio Profesional de Artistas del Perú, una cuestionada iniciativa heredada del Parlamento anterior dominado por Fuerza Popular y Renovación Popular además por representantes de partidos que no están en el presente periodo por no alcanzaron votos.
Con esta decisión, el Legislativo avanza en corregir una norma calificada de injusta que, desde su promulgación bajo el anterior periodo parlamentario, desató una intensa ola de controversias y rechazo en todo el sector cultural.
La imposición de esta normativa dejó en evidencia un divorcio profundo con la realidad sociocultural del país. Este es contenido del proyecto anterior:
La “trampa” (o disposición de contrabando legislativo) que contenía la Ley 32645 —la norma que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú— consistía en introducir de manera sorpresiva un candado político que prohibía a las personas inhabilitadas para la función pública ejercer cargos en los órganos de gobierno de los colegios profesionales.
Aunque la ley se publicitaba formalmente bajo el propósito noble de "organizar y representar a los artistas", se utilizó como vehículo legal para colar una restricción con dedicatoria política.
Los puntos clave de esta "trampa" so
- La disposición oculta: En las disposiciones complementarias de la ley se incluyó un párrafo específico que señalaba que ningún inhabilitado para la función pública podía ser parte de comisiones organizadoras ni asumir cargos directivos en los colegios profesionales.
- Uso de un sector ajeno como cortina de humo: Se utilizó una ley del sector cultural y artístico —un ámbito totalmente desconectado de la función pública tradicional— para meter una norma de alcance general que modificaba las reglas de los colegios profesionales.
- Objetivo político (Ley con dedicatoria): La medida fue bautizada en su momento por la opinión pública y los medios como una norma "con dedicatoria" (asociada a casos como el de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, u otras figuras inhabilitadas por el Parlamento en su momento), diseñada para bloquear la participación de opositores o figuras incómodas para el bloque político que dominaba el Congreso anterior en cualquier directiva gremial o profesional..
La sustentación del dictamen derogado
Durante la sustentación del nuevo dictamen, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Segundo Juan Castrejón Fernández (Buen Gobierno), destacó que la iniciativa busca finalmente proteger a los artistas y portadores de conocimientos ancestrales que, durante generaciones, han contribuido a preservar la identidad cultural del Perú.
Castrejón advirtió que la norma anterior exigía títulos universitarios o técnicos para la colegiación, lo que habría excluido a cerca del 80 % de los creadores culturales formados fuera del sistema educativo formal, afectando gravemente la libertad de expresión y limitando las oportunidades laborales de artistas populares e indígenas.
Por su parte, la diputada Rosana Alayza Maceda (Buen Gobierno) resaltó que el arte nace de la libertad, las tradiciones familiares y los conocimientos comunitarios, por lo que su reconocimiento jamás debió depender de un cartón profesional. Sostuvo que la derogación de esta polémica ley constituye un primer paso indispensable para impulsar políticas públicas que fortalezcan la identidad cultural y mejoren las condiciones laborales de los artistas.
La diputada Indira Huilca Flores (Ahora Nación) señaló que la ley aprobada por el anterior Congreso generaba barreras discriminatorias insostenibles. Citando cifras del Ministerio de Cultura, indicó que el 79,3 % de los creadores culturales adquiere sus conocimientos fuera del sistema educativo formal, mientras que solo el 18,7 % cuenta con formación artística superior acreditada. Huilca destacó, además, la necesidad de reorientar la agenda legislativa hacia la garantía de derechos laborales y protección social real para los trabajadores del sector.
El dictamen aprobado también contempla dejar sin efecto las acciones de la comisión organizadora encargada de implementar el cuestionado Colegio Profesional de Artistas del Perú. Con esta decisión, la Cámara de Diputados sepulta una norma impuesta en el ciclo político pasado y reafirma la importancia de proteger la libertad artística, reconocer los saberes ancestrales y promover una cultura verdaderamente inclusiva
