CIDH en su informe anual 2023: “la protesta es una herramienta de participación política”

CIDH: “el Estado no debe imponer restricciones o prohibiciones generales que terminen desnaturalizando la protesta”

CIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos revindicó el Derecho a la Protesta en sociedades democráticas como la peruana. “La ciudadanía tiene el derecho a elegir el contenido y los mensajes de la protesta y corresponde al Estado mantener neutralidad frente a los contenidos”. “A la vez, la protesta es una herramienta de participación política. Conforme el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), todas las personas tienen el derecho de " de participar en la dirección de los asuntos públicos", precisó la CIDH en su informe anual titulado “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”. En su informe de 113 páginas el organismo con sede en Washington, condenó “los actos de vandalismo que incluyeron la destrucción de infraestructura pública y propiedad, el incendio de instalaciones asociadas con la administración de justicia, la destrucción de carpetas y expedientes judiciales, las graves agresiones en contra de agentes de seguridad y las afectaciones a los derechos a la vida e integridad” que se produjeron durante las protestas de fines del 2022 y principios del 2023. “El derecho de reunión tiene como requisito que debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. El carácter no pacífico incluye, entre otros, el uso de la fuerza física por parte de algunas personas, que puede provocar lesiones, la muerte o daños graves a bienes”, señaló el documento que aborda la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis de institucionalidad democrática y social del Perú, observada por la CIDH en su visita de trabajo realizada del 11 al 13 de enero de 2023.

CIDH: La importancia del derecho a la protesta en sociedades democráticas

El informe refiere que “Durante la visita (de los relatores de la CIDH), algunas autoridades cuestionaron el contenido de las manifestaciones en tanto no se referían a reivindicaciones de derechos sociales sino a reclamos de “carácter político”. Al respecto, la CIDH recuerda que existe una presunción de protección sobre el contenido de todo tipo de expresión en las protestas, salvo la propaganda de la guerra y la apología del odio que constituyen incitación a la violencia, conforme al artículo 13.5 de la CADH. La ciudadanía tiene el derecho de derecho a elegir el contenido y los mensajes de la protesta y corresponde al Estado mantener neutralidad frente a los contenidos”. “La protesta, señala, juega un papel importante en sociedades democráticas, particularmente para dar mayor resonancia a las voces de "las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos. Las personas que integran grupos en situación de discriminación histórica, como los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, son sistemáticamente excluidas del debate público”. “Estos grupos no suelen tener canales institucionales o privados para ejercer con seriedad y de manera vigorosa y permanente su derecho a expresar públicamente sus ideas y opiniones. Ello también priva a las sociedades de conocer las necesidades y reclamos de estos grupos”.

“En ese sentido, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación advirtió que estos grupos están más expuestos al riesgo de que se viole su derecho a la libertad de reunión pacífica”, agrega. Sostiene que “El ejercicio del derecho a la protesta de grupos históricamente discriminados con frecuencia encuentra como obstáculo que no se garantiza, de manera amplia, la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica. Dada esa circunstancia, se destaca que el Estado no debe imponer restricciones previas o prohibiciones generales que terminen desnaturalizando la protesta o privándola de su contenido real. Vea el informe completo de la CIDH, capítulo Perú, titulado: “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.           En el marco de la visita, tanto autoridades como organizaciones de la sociedad civil informaron que algunas formas de protesta, como los bloqueos de ruta o las manifestaciones prolongadas, podrían afectar infraestructuras críticas y la prestación de algunos servicios públicos. Igualmente, comunicaron que estas modalidades de protesta han sido históricamente utilizadas por la ciudadanía en el país para visibilizar sus reclamos.